Los pueblos indígenas y tribales son agentes del cambio decisivos para la consecución del desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, siguen formando parte de los grupos más desfavorecidos y marginados que viven en zonas rurales. Las estrategias de subsistencia que tradicionalmente han empleado, basadas en una relación singular con las tierras que habitan y los recursos naturales que contienen, son objeto de fuertes presiones y, como consecuencia, esos pueblos se empobrecen, se agudiza su vulnerabilidad en los planos social, económico y medioambiental, y se pone en jaque su seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, el acceso limitado a formación y competencias, sin olvidar los constantes actos de discriminación y exclusión de los que son objeto, imponen numerosos obstáculos a los pueblos indígenas y tribales que les impiden aprovechar las oportunidades de trabajo decente. Asimismo, están expuestos a explotación y vulneraciones de derechos en la economía tanto formal como informal. Junto con otros instrumentos pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), constituye un marco para la promoción del trabajo decente para las mujeres y los hombres indígenas que trabajan en la economía rural, también a través de la puesta en práctica de mecanismos para la celebración de consultas y el fomento de su participación en la elaboración y la aplicación de estrategias y planes de desarrollo a nivel nacional y local. El acceso al trabajo decente capacita a las mujeres y los hombres indígenas para que puedan ejercer en calidad de agentes del cambio y actores en pro del desarrollo sostenible, además de forjar sociedades pacíficas y resilientes.